La Contraloría General de la República emitió una alerta tras encontrar graves irregularidades en la gestión financiera y administrativa de la Nueva EPS, en el marco de un operativo de policía judicial realizado en julio. La investigación se centró en vigencias entre 2022 y el primer semestre de 2025 y reveló riesgos que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud.
De acuerdo con el análisis preliminar de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), las inconsistencias se concentran en cinco aspectos: incremento de anticipos sin legalizar, facturas represadas, aumento de cuentas por pagar, deficiencias contractuales y falencias en reservas técnicas.
Anticipos pendientes por más de $15 billones
El organismo de control evidenció un incremento desmesurado en los anticipos sin legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024 (155% más). Al corte de junio de 2025, esa cifra subió a $15,27 billones, lo que compromete la liquidez institucional y podría derivar en detrimento patrimonial.
Facturas sin procesar por $13,2 billones
La Nueva EPS reporta 22,7 millones de facturas pendientes, por $22,1 billones. Al depurar registros repetidos (9,1 millones), se estableció que aún quedan por procesar cuentas por $13,2 billones, de las cuales el 97% corresponde a 2024 y el primer semestre de 2025. Además, el 40% del monto pendiente se concentra en solo 36 prestadores, lo que aumenta el riesgo financiero en caso de incumplimientos o litigios.
Cuentas por pagar y desequilibrio financiero
La Contraloría identificó que, con corte a marzo de 2025, las cuentas por pagar ascendían a $21,3 billones, cifra que, sumada a los anticipos y facturas represadas, pone en riesgo la sostenibilidad de la EPS, que cubre al 22% de la población afiliada al sistema de salud.
Contratación sin soportes y reservas técnicas insuficientes
La entidad no aportó la documentación completa de los contratos con su red prestadora, incumpliendo los requisitos del Decreto 441 de 2022. A esto se suma una subestimación en las reservas técnicas por $11,1 billones a diciembre de 2024, además de falta de soportes en autorizaciones y facturas.
Posibles responsabilidades fiscales y penales
La Contraloría advirtió que la situación refleja un deterioro progresivo de la EPS, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Por ello, trasladará los hallazgos a la Delegada para el Sector Salud para determinar responsabilidades fiscales, así como a las autoridades competentes para evaluar eventuales faltas disciplinarias y penales.
Con estas alertas, el ente de control busca prevenir un colapso financiero que afecte la prestación de servicios médicos a millones de afiliados en el país.
