La Contraloría estableció 14 hallazgos administrativos en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), de los cuales seis tienen un presunto alcance fiscal por $13.694 millones y ocho con posible alcance disciplinario.
Estas son las presuntas irregularidades:
-Gastos ejecutados sin respaldo de decisión judicial y soportes: Pagos por $6.026.638.450 fueron realizados sin estar respaldados por decisiones judiciales. Los soportes presentados no justifican adecuadamente los gastos ni garantizan la trazabilidad de los recursos. Se trata del pago de actividades y conceptos de gastos a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S.
-En el contrato 040 de 2024, se identificaron deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421. No se verificaron los costos ni se exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.
-Pago de instrucciones a terceros no reconocidos en cumplimiento de sentencia: Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales.
-En el Contrato Fiduciario 2117 de 2023, se detectaron deficiencias en los soportes de gastos por $1.418.745.045. Los documentos no permiten verificar la ejecución adecuada de los recursos ni su relación con los valores del mercado.
-En el Contrato Fiduciario 47 de 2024 se evidenció insuficiencia en los soportes de gastos por $1.279.812.014, relacionados con eventos logísticos, ya que no se presentó trazabilidad completa ni detalle desagregado de los bienes y servicios adquiridos.
-Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación.
La Contraloría también reportó deficiencias en la articulación entre la URT y el Grupo Fondo de la entidad, lo que desconoce su diseño institucional, debilita la gestión pública y afecta el principio de eficiencia en el uso de los recursos.
Además, advirtió que hay falencias en los soportes documentales del cumplimiento de fallos judiciales y contratos asociados a la operación logística.
