La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del coronavirus y enfrentar los problemas sociales y económicos que genere la atención de la pandemia, exige el mayor compromiso de todas las entidades del Estado para que las diferentes medidas se ejecuten adecuadamente en beneficio de los colombianos.
Es por eso que la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación acordaron articular capacidades para poner en marcha un programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”.
Así mismo cada institución, en el marco de sus competencias, verificará el estricto cumplimiento de las medidas decretadas, ejercerá la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatará que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuará con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados.
“No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, es la premisa del Procurador Fernando Carrillo Flórez, el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.
En ese propósito, equipos especializados, conformados por personal de cada entidad, recibirán las quejas de la ciudadanía, identificarán los sectores más sensibles e intervendrán para blindar los procesos de contratación en los que exista riesgo. Esta articulación se hará con la coordinación de la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera; del Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González; y del Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee.
Semanalmente, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía informarán al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto.
Tambien es importante recordar que todos los entes del Estado tienen la obligación de suministrar a los organismos de control, la información que se requiera para cumplir con la labor de vigilancia. El incumplimiento de esta disposición constitucional, dará inicio a la aplicación de medidas cautelares y la imposición de sanciones en el ámbito, disciplinario, fiscal y penal.
Toda la información necesaria será recopilada por la Delegada Preventiva para la Función Pública, 84 procuradurías territoriales y un grupo especializado de la Unidad de Inteligencia y Analítica de la Procuraduría; junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- de la Contraloría General, así como sus Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales.
