Visitas realizadas por la Contraloría General de la República a 29 establecimientos de reclusión, en 12 departamentos del país, permitieron determinar a este organismo de control que se han agravado situaciones atentatorias de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, como el hacinamiento, la no separación de sindicados y condenados y la deficiente prestación de servicios de salud y alimentación, entre otras.
Entre los establecimientos carcelarios visitados se encuentran los E.P.M.S.C. Bellavista y COPED – El Pedregal en Medellín, EPAMSCAS Popayán, E.P.C La Paz – Itagüí, COMEB – La Picota – Bogotá, E.P.M.S.C y EC Justicia y Paz Barranquilla, EPMSC Cartagena, EPEMS-TUNJA, E.P.M.S.C. Manizales – RM Manizales, E.P.A.M.S – PC-ERE La Dorada, EPMSC Montería, EPMSC-RM VILLAVICENCIO, EMSC-RM de Pasto, Complejo Carcelario Metropolitano de Cúcuta y EPMSC Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Bucaramanga.
Los resultados obtenidos en estas visitas fueron consolidados en un informe que se remitió con destino a la Corte Constitucional, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
Copia de dicho informe fue remitida al Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño, en su calidad de Presidente del Consejo de Política Criminal y principal responsable del Gobierno Nacional en la atención de las órdenes judiciales impartidas por la Corte.
Estas inspecciones de la CGR continuaran en el primer semestre del año 2017, incrementando la cobertura territorial del control fiscal en materia carcelaria.
Más hacinamiento
La Contraloría evidenció que se está incumpliendo la fórmula de equilibrio decreciente implementada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-388 de 2013, pues continúan siendo mayores los ingresos de reclusos que las salidas de los mismos.
Bajo este parámetro, los resultados de las visitas realizadas, arrojaron que sólo en el Complejo Carcelario de Cúcuta y EPAMSCAS Popayán hubo un descenso en el número de internos recluidos. En los demás establecimientos visitados se encontró aumento en los ingresos, que llevan a sobrepoblación entre el 7% al 260%, esto último en E.P.M.S.C. Bellavista – Medellín. Adicionalmente, se encontró hacinamiento del 200% en algunos patios de Bucaramanga.
No se da separación de Sindicados y Condenados
Siendo derechos de las personas privadas de la libertad, que las detenidas preventivamente a la espera de una decisión judicial definitiva, sean separadas de aquellas sobre quienes existen fallos condenatorios, se encontró que solo en el 10% de los establecimientos visitados, la infraestructura permite hacer este tipo de separación, con las consecuencias que en materia de demandas puede acarrear tal situación.
Caso especial se encontró en los establecimientos visitados en el departamento de Antioquia, donde la separación de los internos se fundamenta en su pertenencia o no a determinado grupo delincuencial, sin importar su situación jurídica.
Adicionalmente se pudo establecer que en los establecimientos visitados que albergan población sindicada, no existe participación de los entes territoriales en la atención de este tipo de retenidos, lo que hace que en muchos de los casos, esta población supere en número a los condenados, que son los que en la práctica corresponden a la competencia de los entes nacionales.
Limitada Resocialización y/o Redención de la Pena
Aunque en general las nuevas construcciones carcelarias contemplan espacios para la realización de actividades industriales, nuevamente el exceso de población supera la capacidad instalada y planeada para cada establecimiento, lo que limita la posibilidad de incrementar plazas de trabajo que permitan promover programas efectivos de resocialización.
Precarios servicios de atención en Salud
A pesar de la cobertura en atención en salud en todos los establecimientos visitados que presta el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, se evidenciaron de manera generalizada situaciones como deficiencias en la provisión de medicamentos para dispensación, insuficiencia de personal médico proporcional a la población destinataria y ausencia de equipos e insumos para atención de urgencias vitales en área de sanidad.
También se determinó que hay represamiento y aplazamiento en procedimientos y remisiones para atención en red externa, así como subutilización de los equipos de fisioterapia de propiedad de los establecimientos carcelarios.
En cuanto al Laboratorio Clínico contratado, que es el mismo para todos los establecimientos, éste no cuenta con sedes en las ciudades donde atiende población interna, lo que lleva a que la recolección de muestras se efectúe con periodicidades de entre 8 y 15 días, limitando la oportunidad en la obtención de los resultados, requisito para diagnósticos acertados.
Por la misma razón, los exámenes que se requieren de urgencia, deben ser atendidos por la red externa, con las implicaciones logísticas que implica las remisiones médicas.
Así mismo, se constató que la atención de segundo, tercero y cuarto nivel, se tiene contratada con IPS de la región, las cuales en la mayoría de eventos solo cuentan con centros de atención en las ciudades capitales, limitando la posibilidad de acceso a población interna localizada en ciudades intermedias, habida cuenta de las restricciones de personal para remisiones médicas.
Problemas en servicios de alimentación
La Contraloría pudo establecer que sólo los establecimientos de menos de 10 años de construcción cuentan con áreas de comedor, lo que lleva a que en los restantes casos se deban consumir alimentos en el piso, y en otros casos, conforme lo denunció la población destinataria, los contratistas de alimentación cambian sin autorización ni previo aviso los menús contratados.
En la estructura 1 del Complejo Metropolitano La Picota, en Bogotá, persistía hasta octubre de 2016 la orden de cierre del área de cocina, impartida por la Secretaría de Salud del Distrito, con las implicaciones que ello acarrea en materia de logística, calidad y oportunidad en el suministro de alimentos a tan numerosa población.
No hay áreas acondicionadas para visitas conyugales
Solo el 20% de establecimientos visitados cuentan con áreas acondicionadas para atender las visitas conyugales, reconocidas como derecho en favor de la población detenida.
Los restantes establecimientos de reclusión no cuentan con áreas de destinación exclusiva para la atención de visitas conyugales, por lo que vienen siendo realizadas en las celdas comunes, muchas de ellas colectivas, en desmedro de mínimas condiciones de higiene e intimidad, coincidiendo con las fechas de visitas generales, con lo que se continúa vulnerando derechos mínimos reconocidos a las personas privadas de la libertad.
Deterioros en la infraestructura y riesgos de colapso
Se revisaron diferentes aspectos de la infraestructura de los establecimientos visitados, encontrándose que por el volumen de usuarios que deben atender, las baterías sanitarias son insuficientes y padecen de acelerado desgaste, y el alcantarillado sufre de constante taponamiento y rebosamiento.
De igual manera, el sobrecupo genera acelerado desgaste de áreas de circulación e incluso de las celdas, por las adecuaciones artesanales que los internos realizan para mejorar la habitabilidad, y por la misma razón en algunos establecimientos la sobrecarga de las redes eléctricas genera riesgos de incendio y electrocución.
En otros casos, la falta de mantenimiento oportuno lleva a deterioro prematuro de muros y cimentación por fugas de agua, y a que obras contratadas e iniciadas queden inconclusas, con las consecuencias de inhabitabilidad que eso genera.
Algunos de los establecimientos presentan graves deterioros en su estructura, que acarrean riesgo de colapso, como es el caso del E.P.M.S.C. Bellavista – Medellín, pues según estudio del DAGRD (Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo de Desastres), la infraestructura del pabellón 2, máximo debe albergar 500 internos y en lo posible evacuarlo en su totalidad toda vez que se debe demoler totalmente. Similar situación de deterioro se encontró en EPAMSCAS Popayán y EMSC-RM de Pasto.
