La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó devolver a la Cámara de Representantes el texto aprobado de la Reforma Pensional para «subsanar el vicio de procedimiento en esta providencia».
Es decir, ahora la corporación deberá someter nuevamente a discusión y votación una proposición sustitutiva presentada por los congresistas María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros que planteaba acoger el texto aprobado en la Plenaria del Senado.
En otras palabras, el Gobierno de Gustavo Petro sufre un duro golpe, porque la única reforma aprobada hasta ahora en el legislativo no podrá entrar en vigencia desde el 1o. de julio.
La Corte Constitucional le dio un plazo a la Cámara de 30 días hábiles a partir de la comunicación de la providencia para cumplirla y recalca que este trámite no cobija la conciliación con el Senado.
También suspendió a partir de la fecha de la decisión los términos para la tramitación de los procesos que cursen o llegaren a cursar ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas en contra de la Ley 2381 de 2024, total o parcialmente, hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley dentro del expediente de la referencia.
