La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Santiago Uribe Vélez, condenado a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir dentro del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.
La decisión se produce después de que el caso fuera revisado bajo la figura de la doble conformidad, mecanismo al que acudió la defensa luego de que Uribe Vélez fuera absuelto en primera instancia y posteriormente condenado en segunda instancia.
Corte considera agotadas las garantías procesales
Según la determinación del alto tribunal, durante el trámite judicial ya se garantizaron los derechos procesales del condenado mediante la revisión de la sentencia condenatoria, por lo que no era procedente admitir un nuevo recurso extraordinario de casación.
La Corte concluyó que la etapa de doble conformidad permitió examinar la condena impuesta, razón por la cual no existían fundamentos para una nueva revisión bajo ese mecanismo excepcional.
Condena por homicidio y concierto para delinquir
Santiago Uribe Vélez fue hallado responsable por el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor que transitaba entre los municipios de Campamento y Yarumal, en Antioquia, y que habría sido señalado de colaborar con grupos guerrilleros.
La condena también está relacionada con su presunta vinculación con ‘Los 12 Apóstoles’, una estructura paramilitar que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa.
Investigación inició en 1995
Las investigaciones sobre este caso comenzaron en 1995 en medio de las pesquisas por la actuación de grupos paramilitares en la región.
Durante el proceso, Albeiro Martínez vinculó a Santiago Uribe con varios homicidios ocurridos en Yarumal. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía estableció la existencia de la organización ilegal y documentó aspectos de su operación en el departamento.
Uno de los testimonios clave fue el del exteniente Juan Carlos Meneses, quien en declaraciones entregadas en 2010 aseguró que Santiago Uribe financiaba acciones atribuidas al grupo paramilitar.
Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, queda cerrada la posibilidad de que el condenado acceda a una nueva revisión del fallo mediante el recurso extraordinario de casación.