La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia existe un riesgo general para los candidatos, aunque aclaró que hasta el momento no se ha identificado una amenaza específica o inminente contra alguno de ellos.
En una entrevista concedida a la agencia EFE en Madrid, la funcionaria —primera mujer en ocupar la Defensoría del Pueblo— aseguró que el principal factor de preocupación es el clima de estigmatización en el debate político, que puede terminar alimentando la violencia.
“La democracia colombiana hay que cuidarla minuto a minuto. El riesgo general está, pero no vemos un riesgo específico e inminente de unas amenazas”, afirmó la abogada especializada en derechos humanos y justicia transicional.
Estigmatización y violencia política
Marín advirtió que en Colombia persiste una “inercia de violencia política”, que se refleja en la forma en que algunos sectores descalifican a los candidatos.
Según explicó, se mantiene la práctica de señalar a aspirantes de derecha como paramilitares o a los de izquierda como guerrilleros, lo que incrementa los niveles de riesgo.
Para la defensora, un ejemplo reciente fue el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio del año pasado y que posteriormente le causó la muerte.
“Nuestro llamado es a que las campañas tomen conciencia de que la forma en que se desarrolla el debate puede alentar la violencia. El ambiente de violencia general puede pasar de lo simbólico a lo letal”, advirtió.
Riesgos en zonas con presencia de grupos armados
La defensora explicó que los mayores riesgos para las campañas se presentan en territorios donde operan grupos armados ilegales, que en algunos casos restringen la actividad política o condicionan las propuestas de los candidatos.
Como ejemplo, mencionó situaciones registradas en departamentos como Cauca y Arauca, donde aspirantes han recibido advertencias o han tenido dificultades para realizar actos proselitistas.
Incluso, indicó que en algunas zonas los grupos armados prohíben determinadas actividades de campaña, amenazan a candidatos o favorecen determinadas aspiraciones, lo que representa un riesgo para la libertad política y la transparencia electoral.
Llamado a un proceso electoral en paz
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo impulsó un compromiso por un proceso electoral libre y en paz, suscrito por la mayoría de los candidatos presidenciales.
Sin embargo, Marín señaló que uno de los puntos menos cumplidos por las campañas es la eliminación de la estigmatización política, práctica que, según dijo, contribuye a profundizar la confrontación.
“Cuando el adversario es visto como alguien que no debe hacer parte de la sociedad, se cruza una línea peligrosa que puede alimentar la violencia”, sostuvo.
Balance de seguridad y proceso de paz
La defensora también señaló que el deterioro de la seguridad en Colombia no comenzó con el actual Gobierno, pero tampoco se ha logrado frenar durante la administración del presidente Gustavo Petro.
Entre los factores que explican la expansión de grupos armados, mencionó la implementación incompleta del acuerdo de paz firmado en 2016 y la presencia creciente de organizaciones como el Clan del Golfo, que hoy tendría presencia en 468 municipios del país.
Marín insistió en que el debate sobre el futuro de la política de seguridad no debe plantearse como una disyuntiva entre paz o seguridad, sino como estrategias complementarias.
“Hay que hacer ambas cosas. Las estrategias deben incluir negociaciones, pero también políticas de sometimiento a la justicia para que los grupos armados sientan presión y rindan cuentas”, concluyó.
