Aunque hoy estaba previsto que el Tribunal Superior de Bucaramanga le imputara cargos al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por hechos relacionados con el conflicto, a través de una videoconferencia, ya que él se encuentra detenido en Estados Unidos.
La razón es que al despacho que lleva el caso le llegó una solicitud de la defensa en la que pide aplazar esa imputación, toda vez que Mancuso se encuentra en cuarentena tras dar positivo en una prueba de coronavirus.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que la defensa le dijo al tribunal que Mancuso no podía asistir a la audiencia que estaba programada para el 18 y 21 de mayo porque está aislado, ya que esa es la política carcelaria en la prisión en la que se encuentra, y porque además dio positivo en la prueba de COVID-19.
Por tener coronavirus, le estaría prohibido participar en videoconferencias, así como también recibir visitas.
De la misma forma, los procesos de deportación y envío a Colombia están congelados por cuenta de la pandemia.
Justamente, las cárceles estadounidenses , país que ya suma en total casi 1,5 millones de contagiados de covid-19, tienen hoy graves dificultades por el aumento de casos entre presos, personal de custodia y administrativo.
Según Covid Prison Data, grupo de expertos en justicia penal, al menos unos 13.436 reclusos de Estados Unidos y 5.312 trabajadores de prisiones de ese país tendrían el virus. Ese país tiene hoy la población carcelaria más grande del mundo, con 2,3 millones de detenidos.
Aunque la semana pasada el Gobierno le pidió a Estados Unidos que extradite a Mancuso a Colombia para que responda por sus delitos cometidos en el país, pues él ya terminó de pagar su pena por narcotráfico y no ha salido de prisión debido a que las cárceles de Estados Unidos están cerradas por la pandemia, esta situación demora mucho más su envío a Colombia.
También quedó aplazada la imputación que se iba a iniciar hoy, en la que Mancuso tenía que responder por la violencia contra líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y simpatizantes de la Unión Patriótica que fueron perseguidos y asesinados por los paramilitares.
A esa audiencia estaban citados 86 exjefes paramilitares, como Mancuso, Hernán Giraldo, Juan Francisco Prada, entre otros. Con esta imputación, la Fiscalía busca esclarecer 286 hechos de violencia perpetrados entre 1985 y 2006 contra los líderes sociales y simpatizantes de la UP, ocurridos en todo el país.
