Hasta el próximo jueves 28 de febrero, se vence el plazo para que las entidades públicas de todo el país reporten la vinculación y desvinculación de personal con el porcentaje de empleos ocupados por personas con discapacidad que se tenían al 31 de diciembre de 2018.
“Con la información que cada una de las entidades nos reporten, podremos tener, a finales de abril, el primer informe de caracterización de discapacidad en el sector público”, afirmó el director de Función Pública, Fernando Grillo, quien hizo énfasis en “el carácter fundamental que tiene el trabajo de la administración pública para seguir avanzando en un empleo público más inclusivo y que brinde oportunidades a las personas en condición de discapacidad”.
De los servidores con discapacidad vinculados, el 38% son de la Rama Ejecutiva del orden nacional, un 35% del orden territorial y un 21% de la Rama Judicial. Los sectores de Justicia, Defensa y Hacienda son los que emplean mayor número de servidores públicos con algún tipo de discapacidad.
Así mismo, se conoció que en el nivel Asistencial hay un 34% de servidores con discapacidad, seguido del nivel Profesional y Técnico con un 31% y 29% respectivamente; la discapacidad visual y física son las más representativas en los servidores públicos, y en cuanto a género, los hombres representan un 54% frente a 46% de participación de las mujeres
