La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción, en relación con decisiones adoptadas durante el proceso de licitación para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes en Colombia.
Según el ente acusador, los hechos están vinculados a la emisión de tres actos administrativos que habrían tenido como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo valor ascendía a 559.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, en una primera etapa el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplió con todos los requisitos y obtuvo la mejor calificación. Incluso, se programó la audiencia pública de adjudicación.
No obstante, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán firmó la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.
Posteriormente, la unión temporal presentó un recurso de reposición que fue resuelto de manera negativa, ratificando la decisión inicial. Ese mismo día, el entonces canciller expidió un nuevo acto administrativo en el que declaró la urgencia manifiesta, lo que permitió avanzar hacia la contratación directa del servicio de pasaportes sin licitación pública.
Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lidera el caso, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a entrar y salir del país.
El ente investigador también señaló que, pese a existir la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el exministro mantuvo su postura y ratificó las medidas, lo que sustenta la acusación formal en su contra.
