La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Según el ente acusador, los exfuncionarios habrían participado en un esquema para direccionar contratos en entidades como el Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de beneficiar a congresistas y asegurar respaldo a iniciativas del Gobierno en el Congreso.
Presuntas irregularidades en contratación
De acuerdo con la investigación, entre junio y septiembre de 2023 los exministros habrían intervenido en 78 contratos —73 en Invías y 5 en la UNGRD— por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales relacionados con atención de emergencias en Arauca, Córdoba y Bolívar, por un monto de 86.619 millones de pesos, aunque estos no se materializaron.
La Fiscalía también señaló que, pese a que algunos contratos no se concretaron, congresistas habrían aprobado 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.
Otro caso en Córdoba
El ente acusador agregó que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, los exfuncionarios habrían intentado influir para que un contrato de la UNGRD en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, fuera adjudicado a personas cercanas a un congresista, hecho que tampoco se habría concretado.
Proceso continuará en juicio
En paralelo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia contra los exministros, quienes ya habían sido imputados en diciembre pasado.
Debido a que no aceptaron los cargos, el proceso avanzará a etapa de juicio, tras la formalización de la acusación por parte de la Fiscalía.
Este caso se convierte en uno de los procesos judiciales más relevantes recientes, al involucrar a altos exfuncionarios del Gobierno nacional en presuntas irregularidades relacionadas con contratación pública y gestión de recursos.
