La Fiscalía General de la Nación anunció nuevas acciones judiciales contra nuevos posibles implicados en dos de los más grandes entramados de corrupción del país: el caso Odebrecht y el direccionamiento de fallos a cambio de dádivas.
La primera de ellas es contra Daniel Andrés García Arizabaleta, presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Entre 2009 y 2013, habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht.
La investigación da cuenta de que el hoy indiciado presentó un incremento patrimonial injustificado de 360 millones de pesos.
También un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador de Valle del
Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
El exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía.
Por esta actuación se habría pactado el pago de 1.000 millones de pesos. Hay elementos que acreditan que Abadía Campo, al parecer, entregó inicialmente $400’000.000, a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.
Sobre el tema, el cordinador de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán.
