La Fiscalía General de la Nación tomó decisiones por las presuntas irregularidades en la contratación y adjudicación de las obras de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango (Hidroituango) y llamó a audiencia de imputación a dos ejecutivos.
Así lo anunció el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa en Bogotá, donde explicó que la Fiscalía diseñó un plan metodológico para revisar con detalle la obra de la hidroeléctrica y tener un panorama amplio que permita entender las dificultades que se han presentado en su ejecución y establecer eventuales responsabilidades penales.
Los primeros en ser llamados a audiencia son Luis Guillermo Gómez Atehortua, gerente de Hidroitunago S.A (para la fecha de los hechos) y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango (para la fecha de los hechos), a quien el ente acusador busca formularles cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Las audiencias se realizarán previa programación del Centro de Servicios Judiciales.
Estas diligencias se cumplirán en marzo del año en curso.
El caso
Las investigaciones avanzan en dos ejes fundamentales:
1. Daño ambiental
Respecto a la afectación generada por el proyecto Hidroituango a los recursos naturales, fueron dispuestas tres líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y tomar las decisiones judiciales al respecto:
Indebida gestión de los residuos sólidos, obras y modificaciones sin licencia, desestimación de riesgos y plan de contingencia.
La Fiscalía General de la Nación busca establecer a los presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los mismos.
La investigación cuenta con el apoyo de tres fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, nueve peritos (ingenieros ambientales y de minas, químicos y ecólogos), dos analistas y un equipo de investigadores de campo.
2. Proceso de contratación hidroeléctrica
En la primera etapa de la investigación, la Fiscalía identificó presuntas inconsistencias desde el inicio del proyecto como presuntas anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista.
En esta fase la fiscal de conocimiento estableció cinco líneas de investigación. Indagación sobre la contratación directa de la hidroeléctrica (contrato Boomt) entre Hidroituango y EPM E.S.P., irregularidades de los contratos de obra pública, irregularidades de los contratos de usufructo de acciones, irregularidades por inversión adicional de 100 millones de dólares, irregularidades plan de aceleración del proyecto.
