La Fiscalía General de la Nación radicó formulación de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Según informó la fiscal delegada de Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, los hechos investigados están relacionados con la expedición y uso de títulos académicos que Guerrero habría presentado para acceder al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Equidad.
De acuerdo con la investigación, Guerrero acreditó los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que fueron publicados en el Sistema de Información de la Educación Superior (SIGED) en agosto de 2025 y expedidos el 1 de julio del mismo año, pese a que no cumplían con los requisitos legales exigidos.
“Con ocasión de la expedición de los títulos que acreditó Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes, se estableció que dichos documentos fueron expedidos sin el lleno de requisitos legales”, explicó la fiscal Jaramillo.
Fiscalía pedirá prisión domiciliaria
La funcionaria confirmó que el ente acusador solicitará medida de aseguramiento de prisión domiciliaria contra Juliana Guerrero, al considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes que sustentan la imputación.
“La investigada no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta ahora acreditado dentro del proceso”, señaló la fiscal.
Durante la investigación, la Fiscalía realizó una inspección judicial en la Universidad Fundación San José, donde se recolectó documentación que, según el ente acusador, no acredita el cumplimiento de los requisitos académicos necesarios para la expedición de los títulos.
“Se pudo establecer que Juliana Guerrero no reunía los requisitos, no asistió a la universidad, no presentó las pruebas Saber y no existe soporte válido que respalde la expedición de los títulos”, agregó la fiscal delegada.
Juliana Guerrero había sido propuesta como viceministra de Juventudes, sin embargo, no llegó a posesionarse en el cargo tras el estallido del escándalo público y las polémicas relacionadas con la validez de sus estudios académicos.
El proceso judicial continuará con la audiencia de imputación, en la que un juez definirá la situación jurídica de los implicados.
