Una dura carta envió el gobierno nacional a la Misión de la ONU en Colombia, en la cual la responsabiliza del atraso en el proceso de dejación de armas por parte de las Farc y de la destrucción del material inestable o explosivo, además de actos violatorios de los protocolos y las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo.
Lo hizo en una carta enviada por la Canciller María Ángela Hiolguín y el comisionado de paz Sergio Jaramillo, en respuesta a las críticas que la misión del organismo internacional formuló a las demoras en la adecuación de las zonas veredales de reagrupación, desmovilización y desarme de las Farc.
En la misiva los representantes del gobierno colombiano notifican que no habrá ningún cambio en el cronograma establecido con las Farc sobre dejación de armas y añaden:
“Venimos alentando a la misión para que prepare los contenedores necesarios para la dejación de armas. Para que no sea un motivo de retraso en el calendario acordado”.
Además advierten que “en muchas zonas hay un importante desconocimiento por parte de los observadores de la ONU encargados del monitoreo y verificación del acuerdo, lo que lleva a que se tomen decisiones que no corresponden a lo acordado”.
