El Gobierno Nacional firmó una ley mediante la cual se eliminan los beneficios y subrogados penales a condenados o acusados por crímenes de feminicidio, una rúbrica que llega en un momento en que la violencia machista está en el ojo público tras el feminicidio de Steffany Barranco a manos de su pareja Iván De la Rosa en un centro comercial en Bogotá.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, sancionaron esta ley ya aprobada por el Congreso y que retira todos los beneficios penales, como la condicional, la prisión domiciliaria o la reducción de penas por colaboración cuando el delito del acusado o condenado sea el feminicidio.
Se trata de «una ley que retira beneficios y subrogados penales por casos de feminicidios; si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más», explicó este viernes a la prensa el ministro de Justicia.
De ese modo, las personas condenadas por feminicidio, que ya habían perdido beneficios como las salidas de 72 horas o la detención domiciliaria cuando hubieran cumplido la mayor parte de la pena, van a perder también otros beneficios, por lo que tendrán que hacer «el cumplimiento completo de la pena en cárcel», según Osuna.
