Al ritmo anual en que se están ejecutando los recursos del posconflicto, la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años, advirtió la Contraloría General de la República.
Esta es una de las principales conclusiones del Quinto Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz, que entregó este organismo de control al Congreso de la República y reveló en el Foro “Así van los recursos y las percepciones del posconflicto”, organizado conjuntamente con la Universidad de Los Andes.
Para la Contraloría es claro que “si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”.
La ejecución anual ha mostrado este comportamiento, en contraste con lo previsto en el MFMP:
2017: $5,36 billones (frente a $9,09 billones)
2018: $4,21 billones ($8,62 billones)
2019: $6,31 billones ($8,55 billones)
2020: $6,53 billones ($8,38 billones)
2021: $5,67 billones (el MFMD había previsto $8,80 billones)
De acuerdo a esto, se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de $8 billones en 2017-2018, $4 billones en 2019-2020 y $3 billones en el 2021.
Durante el período 2017-2020 el seguimiento de la CGR evidencia una ejecución de $22,4 billones a precios de 2020, es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio y un 15 % de avance frente al costeo total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020).
La mayor parte de los recursos ejecutados a 2020, se orientaron al punto 1. Reforma Rural Integral y al punto 4. Solución al Problema de Drogas. En 2021, el punto 1 asocia el 74,2 % de los recursos, mientras que el punto 4 apenas alcanza un 0,2 %.
Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, es decir un 44 % de lo previsto para los 4 años.
El Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021, año en el que esta fuente representa el 95 %, constituyéndose de esta forma en la principal.
El 65 % de esos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral (RRI), seguido por un 9 % dirigido al Fin del Conflicto y un 12 % a Víctimas.
¿Qué vio la Contraloría?
Este informe de la CGR al Congreso presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los 6 Puntos del Acuerdo Final de Paz: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación.
Así mismo considera, los enfoques transversales -étnico y de género- y la cobertura institucional para la implementación provista desde 61 entidades del orden nacional y 170 municipios PDET.
La Contraloría realiza un seguimiento que cobija desde la firma del Acuerdo hasta el 31 de marzo de 2021 y cubre todas fuentes de financiación dispuestas para la implementación: Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, Entidades Territoriales, Cooperación Internacional y Sector Privado.
Seguimiento a los recursos y riesgos a la vista
En el tema de recursos, algunos riesgos detectados por la CGR son los siguientes:
*Riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. La CGR sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI).
*Se reitera el riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación.
Es así como mientras el pilar Educación Rural concentra el 24 % de la ejecución acumulada a 2021, el de ordenamiento social de la propiedad, que incluye apuestas como la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales.
*En relación a la ejecución de los recursos del OCAD Paz, se materializan riesgos asociados a la debilidad técnica de los municipios, además del bajo nivel de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos que conlleva a incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones.
Un estudio sectorial y una auditoría de cumplimiento de la CGR al OCAD PAZ del SGR en 2020, evidenciaron deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos, que van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas del Acuerdo Final hasta deficiencias en la estructuración de pliegos, ejecución directa de algunas obras en licitaciones, detrimentos patrimoniales, procedimientos constructivos deficientes y utilización de materiales con mala calidad, entre otros.
*Con 31 hallazgos administrativos, de los cuales 23 son de connotación fiscal, por un valor de $11.073 millones, y 29 tienen presunta incidencia disciplinaria, culminó la Auditoria de Cumplimiento que realizó la CGR a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, aprobados a través del OCAD Paz y de los Municipios PDET para el sector de infraestructura vial (vías terciarias para la paz).
*Y, por otra parte, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías y la Contraloría Delegada para el Posconflicto adelantaron el Estudio Sectorial “Desempeño y Planeación de Proyectos del Órgano Colegiado – OCAD PAZ – con los recursos del Sistema General de Regalías”, el cual encontró, entre otras situaciones, que de 170 municipios PDET, 53 no sido beneficiarios de esos dineros.
*Adicionalmente, en 20 municipios se concentra aproximadamente el 50 % del valor de los proyectos con recursos de regalías aprobados en el OCAD PAZ.
*Se evidencia riesgo de incumplimientos en la ejecución de los proyectos y pérdida de recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por parte de las entidades que coordinan este mecanismo.
*En el caso de las obras por impuestos, el 63 % de la inversión ($417.717 millones) se concentra en 6 de los 23 departamentos receptores: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Hay un bajo acceso de otros municipios para beneficiarse con proyecto financiados por este mecanismo.
*Ha habido demoras en la asignación e incorporación parcial de los recursos provenientes del Impuesto al Carbono por parte del Ministerio de Hacienda, para las respectivas subcuentas del Fondo Colombia en Paz.
Lupa a recursos del posconflicto con analítica de datos
Como novedad, se aplica en este Quinto Informe de Seguimiento a los Recursos del Posconflicto una herramienta importantísima para el análisis de la información: el Modelo de Analítica de Datos de Posconflicto y Víctimas.
En el marco de este modelo se han desarrollado ejercicios referentes a subsidios de vivienda, indemnizaciones y ayudas humanitarias, con hallazgos de inconsistencias por $82.810 millones. Esto ha llevado a la Contraloría a programar una actuación especial fiscalización para evaluar la gestión respecto a los recursos destinados al pago de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado, durante las vigencias 2014 a 2020.
Desarrollado en conjunto por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Posconflicto, el propósito de este modelo es aplicar técnicas de inteligencia artificial que permiten identificar irregularidades en el uso de recursos fiscales. Con su uso se generaron alertas al seguimiento de la contratación pública asociada al posconflicto y a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Adicional a esto, el informe de la CGR al Congreso cuenta con los análisis derivados directamente de los resultados de Auditorías realizadas durante la vigencia mencionada, trabajo realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto de la mano de las Contralorías Sectoriales.
