La Fiscalía imputó a la exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace con el Congreso, María Alejandra Benavides Soto, el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
Con las pruebas obtenidas, el ente acusador acreditó que desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, Benavides Soto «recibió la instrucción de admitir de los senadores y representantes a la Cámara que conformaban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público proyectos contractuales en los que se interesaron ilícitamente, a cambio de que concurrieran y votaran las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso en julio del mismo año».
Los senadores y representantes, supuestamente, relacionaron contratos de obra en Cotorra (Córdoba), por valor de 44.552 millones de pesos; Saravena (Arauca), por 32.500 millones de pesos; y en el corregimiento El Salado del Carmen de Bolívar (Bolívar), por 12.353 millones de pesos.
«En ese sentido, Benavides Soto habría participado en la reunión en la que se solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios», indica el comunicado.
