La jueza tercera penal especializada de Medellín, Claudia Marcela Castro, quien condenó a 28 años de prisión al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, por el secuestro de Piedad Córdoba en 1999, ordenó compulsar copias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe.
La decisión también incluye al general (r) Carlos Mauricio Ospina, excomandante del Ejército, quien será investigado como presunto determinador de los asesinatos del abogado Jesús María Valle y el profesor universitario Eduardo Umaña, ambos defensores de los derechos humanos.
Según el fallo, la jueza se basó en el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, que permitió “inferir la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, que operaba en coordinación con actores estatales y operadores logísticos”.
Villalba rindió su declaración en julio de 2008, ocho meses antes de ser asesinado en el municipio de La Estrella, Antioquia, mientras cumplía condena en prisión domiciliaria.
“El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina. Ellos fueron los que dieron más bomba. La referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas antes de que eso se adelantara más, que se nos va a venir la Corte Interamericana encima sobre la vaina de derechos humanos, esa era la preocupación que él tenía”, habría manifestado Villalba en su testimonio.
De acuerdo con el exparamilitar, las víctimas en la lista eran el abogado Eduardo Umaña, el defensor Jesús María Valle y el periodista y humorista Jaime Garzón, todos asesinados en 1999.
Por su parte, el expresidente Uribe calificó la compulsa de copias como “miserable” y aseguró que el testimonio de Villalba fue una declaración “fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.
En cuanto al exdirector del DAS, la justicia determinó que José Miguel Narváez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil para proponerle retener y asesinar a la entonces senadora Piedad Córdoba, a quien vinculaba con el ELN.
“Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición. Finalmente, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraron a Piedad Córdoba cuando asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín y la mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999”, detalló la Fiscalía.
Córdoba recuperó la libertad gracias a la intervención de sectores políticos y humanitarios. La condena contra Narváez fue proferida en primera instancia.
