En exactamente un mes, el 8 de noviembre, comenzará a regir en Colombia la Ley de Garantías Electorales, el marco normativo que busca blindar la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales, con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente publicó la Circular Externa 006 de 2025, en la que se precisan los alcances de las restricciones, las excepciones permitidas y las fechas clave para su aplicación.
Según el documento, la restricción a la celebración de convenios interadministrativos que involucren ejecución de recursos públicos aplicará desde el 8 de noviembre de 2025 para las entidades territoriales y sus entes descentralizados, mientras que a partir del 31 de enero de 2026 se extenderá a todas las entidades estatales.
Estas limitaciones estarán vigentes hasta el 31 de mayo o hasta el 21 de junio, si se requiere una segunda vuelta presidencial.
Qué se puede hacer durante la vigencia de la Ley
Las entidades públicas podrán:
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Adelantar procesos de licitación pública, concursos de méritos, selección abreviada y mínima cuantía.
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Prorrogar, adicionar, modificar o ceder contratos firmados antes del inicio de la restricción.
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Celebrar convenios interadministrativos a título gratuito.
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Suscribir contratos relacionados con defensa y seguridad del Estado, crédito público o emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales.
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Firmar contratos para reconstrucción de infraestructura vial, energética o de comunicaciones afectada por atentados, desastres o fuerza mayor.
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Celebrar convenios directos con organismos internacionales de cooperación o personas de derecho público extranjero, bajo las condiciones de la Ley 1150 de 2007.
Qué no se puede hacer
Durante el periodo de restricciones, queda prohibido:
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Celebrar contratos de manera directa sin convocatoria pública, desde el 31 de enero de 2026.
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Firmar convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos, a partir del 8 de noviembre de 2025.
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Usar recursos estatales para favorecer partidos o candidatos durante campañas electorales.
“Queremos asegurar que la contratación estatal se mantenga transparente y libre de influencias políticas durante el proceso electoral”, señaló Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente.