Más de 850 organizaciones piden a Abelardo De la Espriella priorizar la protección de civiles en su política de seguridad

La Coordinadora Humanitaria solicitó al Gobierno entrante fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios afectados por el conflicto y respaldó su llamado con cifras sobre la situación humanitaria durante el primer semestre de 2026.

Más de 850 organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora Humanitaria hicieron un llamado al presidente electo Abelardo De La Espriella para que la protección de la población civil sea el eje de la política de seguridad de su Gobierno, que iniciará el próximo 7 de agosto.

A través de un pronunciamiento público, las organizaciones advirtieron que la respuesta al conflicto armado no puede depender únicamente de acciones militares y plantearon la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en las regiones más afectadas por la violencia.

Alertan por la situación humanitaria

La petición está sustentada en el más reciente reporte de la organización Vivamos Humanos, que documentó 402 eventos relacionados con el conflicto armado durante el primer semestre de 2026.

Según el informe, 179 casos correspondieron a hechos que afectaron la vida e integridad de las personas, 67 estuvieron asociados con minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos, mientras que 47 se relacionaron con restricciones a la movilidad de las comunidades.

En su pronunciamiento, la Coordinadora Humanitaria sostuvo que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) es fundamental para reducir el impacto de las hostilidades, proteger la misión médica y humanitaria y generar condiciones que favorezcan escenarios de diálogo y construcción de paz.

«La protección de la población civil no puede seguir dependiendo exclusivamente de estrategias militares», señalaron las organizaciones.

Propuestas para el Gobierno entrante

Las organizaciones recordaron que durante los últimos años han impulsado la creación de mesas humanitarias, mecanismos comunitarios de monitoreo, sistemas de alertas tempranas, acuerdos territoriales y espacios de diálogo, herramientas que consideran esenciales para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto.

En ese sentido, solicitaron que estos mecanismos sean fortalecidos y consolidados como una política pública permanente durante la próxima administración.

Asimismo, indicaron que en mayo presentaron esta agenda de propuestas a las campañas presidenciales y ahora pusieron esa experiencia a disposición del Gobierno de Abelardo De La Espriella para contribuir a la formulación de una política de seguridad centrada en la protección de la población civil.

Contexto del nuevo Gobierno

El presidente electo ha manifestado que la seguridad ciudadana será una de las prioridades de su administración y ha reiterado que no adelantará negociaciones de paz con grupos armados ilegales.

Además, anunció que eliminará la figura del alto comisionado para la Paz, como parte de los cambios que implementará en la política de seguridad del nuevo Gobierno.

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