La Fiscalía General de la Nación señaló a un mayor, a un sargento y a una civil que supuestamente se hacían pasar por capitana de pertenecer a un presunto entramado ilegal que le entregaba información reservada al ‘Tren de Aragua’.
Los militares son el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, quienes hacían parte del tercer anillo de protección del Presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.
Luisa Fernanda Salgado Fernández es la civil que señalan de hacerse pasar por capitana del Ejército.
«De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia», indicó el ente acusador.
¿Qué hacía la civil?
Apuntan que la mujer, supuestamente haciéndose pasar como capitana, asumió funciones exclusivas de los oficiales, ingresó a reuniones interinstitucionales y accedió a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto, relacionado con indagaciones en curso.
Así como la composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el ‘Tren de Aragua’.
Los elementos materiales probatorios indican que el sargento segundo Padilla Villanueva había sido el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones militares y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.
También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.
¿Qué hacían con la información y documentos?
De esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia.
Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas.
