El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes la prórroga por un año más del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, aunque dejó por fuera dos de sus componentes esenciales: el seguimiento a las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la supervisión del Capítulo Étnico del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC.
La decisión fue adoptada con 13 votos a favor y dos abstenciones —de Estados Unidos y Rusia—, lo que marca la primera vez en ocho años que la renovación de esta misión no obtiene unanimidad en el Consejo.
Creada en 2017, la misión tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016. Sin embargo, la exclusión de estos dos ejes representa un cambio sustancial en su alcance, pues las sanciones restaurativas son un mecanismo de reparación a las víctimas y de reintegración de excombatientes, mientras que el Capítulo Étnico garantiza el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas afectados por el conflicto armado.
De esta manera, el mandato de la misión se concentrará en verificar la reincorporación política, económica y social de los exmiembros de las FARC, así como en monitorear las garantías de seguridad para los firmantes de paz, sus familias, líderes sociales y comunidades, además de acompañar la reforma rural integral.
Aunque la resolución no especifica los motivos de la exclusión, Estados Unidos se opuso a mantener dichas funciones, mientras que Rusia se abstuvo, reflejando diferencias entre los miembros sobre el alcance de la supervisión internacional y el grado de responsabilidad del Estado colombiano en la implementación de los acuerdos.
Con esta prórroga parcial, la ONU continuará acompañando el proceso de paz en Colombia, aunque con un mandato reducido que deja fuera componentes considerados esenciales por las víctimas y comunidades étnicas.
