La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC liderada por alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá.
El director de la Policía, general William Rincón, informó que se trata de órdenes de captura contra los autores intelectuales, considerados cabecillas de la Segunda Marquetalia, y anunció un ofrecimiento público de recompensas para lograr su pronta detención.
La Fiscalía ofreció hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) por información que permita capturar a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz y retomó las armas en 2019.
Además, hay recompensas de hasta 4.000 millones de pesos (unos 1,07 millones de dólares) por información sobre Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, otros líderes de la disidencia.
Los otros cuatro jefes con orden de captura son: Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo; y Kendry Téllez Álvarez, alias Yako.
El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años y miembro del Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia y falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en la clínica. Hasta la fecha, nueve personas han sido capturadas por el asesinato y cuatro ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó contra Uribe Turbay.
Según el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados, el atentado fue ordenado por la Segunda Marquetalia, como reveló la revista Semana.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una operación criminal estructural que involucró a una red delictiva urbana y al grupo armado residual de la Segunda Marquetalia. “Las evidencias indican que el magnicidio buscaba causar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”, declaró.
Camargo explicó que las decisiones del grupo se tomaron de manera consensuada desde el nivel más alto de la organización, apartada de los procesos de paz, y destacó el rol central de Kendry Téllez Álvarez en la planeación, coordinación y financiación del magnicidio.
