El presidente Gustavo Petro reiteró la necesidad de mantener la Emergencia Económica, Social y Ecológica, decretada por su Gobierno para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
Durante el Consejo de Ministros, el mandatario afirmó que la caída de estas iniciativas legislativas elevó de manera significativa el costo de la deuda del país y que la emergencia ha sido el único mecanismo para contener ese impacto.
“Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la Emergencia Económica. Si la tumban, se dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos”, señaló.
Petro explicó que la decisión del Congreso profundizó el déficit primario, una situación que, según dijo, compromete la sostenibilidad fiscal del Estado.
“Cuando un país está en déficit primario, el desbalance de su balanza comercial produce un déficit mayor en los ingresos y egresos del Estado. Eso significa que la deuda se vuelve impagable; es la situación en la que estamos”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la deuda solo puede ser sostenible si el país logra un superávit primario, objetivo que —según explicó— se buscaba alcanzar con la reforma tributaria y las leyes de financiamiento que no prosperaron en el Congreso.
El jefe de Estado también advirtió que, si los decretos de la Emergencia Económica no reciben aval, el mayor impacto fiscal no se sentirá de inmediato, sino en la siguiente administración.
“Lo que han determinado es llevar al país a un estado de impagabilidad que no será en nuestro Gobierno. El problema surge en el próximo gobierno. Cada vez que pasa el tiempo sin reducir el déficit primario, la deuda se encarece más”, manifestó.
El debate sobre el recorte del gasto
Frente a las críticas de sectores políticos y económicos que reclaman una reducción del gasto público, Petro aseguró que el Ejecutivo ya aplicó ajustes significativos.
“Dicen que hay que recortar gastos, pues ya recortamos el año pasado 16 billones de pesos”, recalcó.
El presidente señaló que las opciones para nuevos recortes son limitadas, pues afectarían áreas protegidas por la Constitución, como el gasto social, la salud, la educación, las pensiones y el pago de la deuda pública.
“La Constitución ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año y que la deuda debe pagarse de manera prioritaria. Los sueldos de soldados y policías son derechos adquiridos”, concluyó.