En medio de una concentración en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que ratifica el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, fijándolo en $2 millones mensuales, incluido el auxilio de transporte.
El anuncio se produjo tras la suspensión provisional del decreto anterior por parte del Consejo de Estado, decisión que llevó al Gobierno a ajustar el sustento técnico y jurídico del incremento.
“Le hicimos caso al magistrado Morales, metimos los estudios de salario relativo, metimos los estudios de productividad laboral, de canasta mínima vital, todo lo que nos pidió y ahora tenemos un nuevo decreto: el salario mínimo para 2026 es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado acatando”, afirmó el mandatario.
Críticas a las altas cortes y al Congreso
Durante su intervención, Petro cuestionó a las altas cortes y a sectores del Congreso, señalando que “creen que mandan sobre el pueblo”, aunque aclaró que no promueve un desconocimiento de las decisiones judiciales.
“No estamos aquí para proponer un irrespeto a la justicia, pero sí es un profundo irrespeto a la injusticia en Colombia”, expresó.
El jefe de Estado sostuvo que el país “no aguanta más la injusticia” y llamó a las instituciones, partidos políticos y ciudadanía a rechazarla. También afirmó que durante su gobierno ha debido insistir en el cumplimiento de la Constitución de 1991.
En su discurso, el mandatario defendió el aumento como una medida de justicia social y sostuvo que el salario debe garantizar condiciones dignas para los trabajadores.
Contexto jurídico
El incremento del 23,7 % fue decretado inicialmente en diciembre de 2025, luego de que no se lograra consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto, al considerar que no se habría sustentado adecuadamente con los criterios técnicos exigidos por la ley.
Con la firma del nuevo acto administrativo, el Gobierno busca subsanar los reparos señalados por el alto tribunal, que deberá evaluar nuevamente la legalidad de la medida.
