El presidente Gustavo Petro anunció este domingo que solicitará una aclaración al magistrado Juan Camilo Morales, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de la decisión que suspendió provisionalmente los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, mediante los cuales se fijaron el salario mínimo vital y el auxilio de transporte para 2026.
En una alocución televisada, el jefe de Estado manifestó que respeta y acata la decisión judicial, aunque expresó que, en su opinión, el decreto no debió ser suspendido. Mientras se expide un nuevo acto administrativo, aseguró que “el salario vital se mantiene” y que el Gobierno presentará los estudios económicos solicitados por el magistrado ponente.
“Solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales, como lo pide él, y con las realidades económicas que desde el día que yo firmé sustentan que no nos equivocamos, aunque puede modificarse el salario vital decretado de acuerdo con las nuevas realidades económicas”, afirmó.
Nuevo decreto transitorio
El mandatario explicó que el Ejecutivo cuenta con un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo. No obstante, señaló que solicitará precisiones al magistrado sobre los fundamentos del auto.
“Primero, vamos a aclarar esto con el magistrado. Eso hace que de los ocho días se tenga que usar más tiempo para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto”, indicó.
Petro sostuvo que el auto que sustenta la suspensión hace referencia a la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, pero —según dijo— omite una expresión relacionada con el “carácter prevalente” del salario mínimo.
Debate sobre el “carácter prevalente” del salario mínimo
El presidente argumentó que los artículos 25 y 53 de la Constitución establecen la necesidad de garantizar una remuneración mínima vital y móvil, la cual, a su juicio, debe tener un carácter prevalente frente a otros criterios técnicos.
“Ese carácter prevalente del salario mínimo vital, que se inauguró en este gobierno, está por encima de los demás criterios, no de manera ponderada”, afirmó.
También sostuvo que anteriores ministros de Hacienda no habrían tenido en cuenta plenamente este principio constitucional, lo que, según él, llevó a que el salario mínimo quedara rezagado frente a la canasta básica familiar.
El jefe de Estado recordó que, conforme a la Ley 278 de 1996, cuando no hay consenso en la Comisión Permanente de Concertación, el Gobierno debe motivar el decreto teniendo en cuenta, con igual incidencia, factores como la inflación real del año que culmina (5,2 %), la meta de inflación del año siguiente y la productividad acordada por la Comisión Tripartita.
En ese contexto, defendió los incrementos realizados durante su administración y señaló que el objetivo ha sido alcanzar un salario mínimo vital acorde con las disposiciones constitucionales y la jurisprudencia vigente.
