El equipo de transición del presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó al Congreso de la República estudiar la posibilidad de que la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto se realice fuera de Bogotá, en una guarnición militar, propuesta que ha abierto un debate por sus implicaciones jurídicas, logísticas y de seguridad.
La petición fue presentada mediante una carta firmada por la coordinadora de transición, Mariana Pacheco, en la que se plantea el interés del próximo Gobierno de que la investidura «se realice en un lugar distinto a la ciudad de Bogotá», aunque sin precisar el sitio.
La Constitución Política establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso de la República. Tradicionalmente, este acto se ha celebrado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y, en los últimos gobiernos, la ceremonia se ha extendido a la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. No existen antecedentes recientes de una posesión presidencial en una sede diferente.
Las consultas elevadas al Congreso
En la comunicación, el equipo de De La Espriella formuló tres consultas para definir la viabilidad de la propuesta. La primera busca establecer si el Congreso tiene la facultad de trasladar temporalmente su sede a otra ciudad para cumplir con el acto de posesión presidencial.
También solicitó precisar cuál sería el quórum requerido para que el Congreso pueda constituirse válidamente fuera de Bogotá, recordando que la posesión presidencial es un acto solemne que no requiere votación.
Además, pidió conocer el procedimiento que deben seguir el Senado y la Cámara de Representantes para autorizar el traslado de la sede del Legislativo y los tiempos disponibles para adelantar el trámite, teniendo en cuenta que el nuevo Congreso se instalará el 20 de julio.
Popayán aparece como posible sede
Aunque el documento no menciona una ubicación específica, versiones divulgadas por medios nacionales indican que la ceremonia podría realizarse en un batallón de Popayán, capital del departamento del Cauca, una región afectada por el conflicto armado y la violencia en los últimos años.
La iniciativa ha generado interrogantes por la complejidad que implicaría movilizar a 108 senadores, 188 representantes a la Cámara, delegaciones internacionales, jefes de Estado y de Gobierno invitados, organismos multilaterales, personal de seguridad, logística y medios de comunicación para la ceremonia de transmisión del mando presidencial.
