Luego de que The New York Times revelara que presuntamente el Ejército de Colombia daba órdenes a soldados para que duplicara el número de criminales y guerrilleros muertos, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia se pronunció y se mostró preocupada, ya que un reportero y un fotógrafo de The New York Times salieran del país de forma inmediata.
El primer caso fue el del periodista Nicholas Casey, quien salió del país el día 19 de mayo, luego de que senadores del partido Centro Democrático realizara acusaciones falsas en su contra. Una de las senadoras fue María Fernanda Cabal, quien se refirió al peridodista diciéndole: 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva y se preguntó «¿cuánto le habrían pagado por ese reportaje?».
A raíz de esos señalamientos, también se vio obligado a salir del país el fotógrafo Federico Ríos, de nacionalidad colombiana.
«Creemos que en este momento de polarización creciente en Colombia, la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Casey y Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia», anotó la Asociación en un comunicado.
En un artículo publicado el sábado, The New York Times, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando «otra encarnación» de los llamados «falsos positivos».
Según la Fiscalía, entre 1988 y 2014 se registraron al menos 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales y el fenómeno «se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008», los años en los que se concentran el 59,3 % de los casos.
Ese periodo abarca parte de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien implantó en el país la llamada política de «seguridad democrática» para combatir a los grupos guerrilleros.
Según el reportaje que hizo Casey hay una orden para que los militares no «exijan perfección» al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos uniformados han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que el artículo es «una manera de desacreditar a las Fuerzas Armadas y de proteger la impunidad al narcoterrorismo».
«Además ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles», manifestó Uribe en Twitter.
La APIC «condena y rechaza los señalamientos de los senadores» contra Casey y Ríos por lo cual los invita a hacer una reflexión y «convoca a los partidos y activistas políticos de todos los sectores para que respeten el ejercicio periodístico».
«Dado que los personajes públicos tienen mayor responsabilidad en sus declaraciones por el impacto que alcanzan, la APIC espera una rectificación de los senadores en mención», agregó la Asociación.
De igual forma pidió al jefe de la Procuraduría (Ministerio Público), Fernando Carrillo, manifestarse sobre «la conducta de estos funcionarios en contra del trabajo del equipo periodístico» y al Gobierno «disponer de todas las medidas necesarias para garantizar una efectiva libertad de prensa».
