Un ciudadano presentó una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, solicitando que no participe en el estudio de la Reforma Pensional impulsada por el Gobierno Nacional.
La solicitud fue interpuesta por Alfonso Alegre Roa, quien argumentó que el magistrado Ibáñez tiene una “tendencia ultraconservadora en un contexto político de oposición directa al actual Gobierno”, lo que, según él, podría afectar su imparcialidad en el debate judicial sobre la reforma.
Alegre Roa sostuvo que las posiciones del presidente de la Corte “comprometen objetivamente su independencia frente a decisiones que afectan políticas esenciales del Ejecutivo actual”, y añadió que su argumentación “adopta un tono político e ideológico contrario a los principios de independencia y prudencia judicial”.
La recusación se da pocos días después de que el magistrado Ibáñez radicara la ponencia que propone hundir la Reforma Pensional, argumentando que no se subsanaron los vicios de trámite en la Cámara de Representantes durante su aprobación en el Congreso.
La decisión sobre la validez de la recusación deberá ser evaluada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, compuesta por nueve magistrados, que también será la encargada de definir el futuro de la reforma una vez se resuelva este incidente.
