A partir del 30 de junio, las gobernaciones y municipios de Colombia estarán obligados a asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y en estaciones de Policía.
Esta nueva disposición surge a raíz de una orden de la Corte Constitucional emitida en 2022, lo que ha generado preocupación y pronunciamientos por parte de mandatarios locales en todo el país. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó su inconformidad durante el Congreso Nacional de Municipios, que se celebra en Cartagena.
“Nos toca elegir entre si damos alimentos a las personas privadas de la libertad o a los niños de los colegios. Creo que es un tema humanitario también, pero no puede ser competencia de las entidades regionales”, afirmó el mandatario.
En Bolívar, se estima que hay alrededor de tres mil personas privadas de la libertad, lo que implica una carga financiera significativa para el departamento. Ante este panorama, Arana Padauí cuestionó el alcance de las decisiones de la Corte.
“No puede seguir la Corte Constitucional, a quien respeto y admiro profundamente, legislando. Para eso está el Congreso de la República. Nos imponen unas cargas que no tenemos cómo asumir. Nos asignan competencias que no podemos solventar financieramente. Los recursos de los departamentos tienden a ser regresivos, por eso no es justo que nos sigan trasladando responsabilidades que no nos corresponden”, puntualizó el gobernador.
Cabe aclarar que esta disposición fue ratificada mediante una ley aprobada por el Congreso de la República, en cumplimiento del fallo de la Corte.
