El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de proteger 942.005 hectáreas estratégicas para la biodiversidad, la regulación hídrica y la pervivencia cultural de comunidades indígenas.
La decisión busca salvaguardar uno de los ecosistemas más importantes del país, clave para la seguridad hídrica del Caribe colombiano y el bienestar de poblaciones en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
La Sierra Nevada, considerada el macizo litoral más alto del mundo, cumple funciones esenciales como la provisión de servicios ecosistémicos, la conectividad ambiental y la regulación climática regional.
Con esta declaratoria, el Ministerio de Ambiente adopta medidas preventivas frente a presiones ambientales como las actividades extractivas. En ese sentido, se establece que no se podrán otorgar nuevas concesiones mineras ni firmar contratos de hidrocarburos dentro del área protegida.
“Hemos dado un paso histórico en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta”, afirmó la ministra (e) Irene Vélez Torres, quien explicó que la medida se fundamenta en el principio de precaución.
Asimismo, se determinó que la Agencia Nacional de Minería no podrá habilitar nuevas áreas para exploración o explotación, y que las autoridades ambientales no podrán expedir nuevas licencias o permisos relacionados con estas actividades durante la vigencia de la reserva.
No obstante, los proyectos que ya cuentan con títulos y licencias vigentes podrán continuar hasta su finalización, aunque no podrán ser prorrogados.
El proceso incluyó la participación de autoridades ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, quienes han insistido en la necesidad de proteger este territorio, considerado el ‘Corazón del Mundo’.
La medida tendrá una vigencia de dos años, periodo en el que el Gobierno busca avanzar en la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que priorice la protección ambiental y los derechos de las comunidades.