El Gobierno nacional formalizó un convenio interadministrativo entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Adaptación para unir esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos en la región de La Mojana, una de las más vulnerables del país frente al cambio climático.
El objetivo identificar, formular e implementar soluciones estructurales, sostenibles, permanentes y con enfoque territorial en La Mojana, con un fuerte componente de recuperación posdesastre y restauración ambiental.
El convenio habilita la celebración de contratos específicos con respaldo financiero y técnico de ambas entidades. El Fondo Adaptación cuenta con un presupuesto de $1,12 billones para intervenir en la región.
El convenio tiene una vigencia inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga según los requerimientos de implementación. Las acciones priorizadas estarán enmarcadas en un enfoque de ordenamiento territorial alrededor del agua, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
Entre las acciones concretas se destacan:
– Restauración de ecosistemas.
– Reconexión de caños y ciénagas.
– Fortalecimiento de infraestructura resiliente.
– Asistencia técnica a autoridades locales.
– Participación comunitaria e integración de saberes locales.
Ya se encuentra en ejecución la obra de emergencia en el canal de La Esperanza, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), orientada a redirigir el caudal del río Cauca y mitigar el riesgo en puntos críticos como Caregato.
La creación de un comité operativo de seguimiento y un plan de trabajo articulado garantizarán la coordinación efectiva en la ejecución del convenio. Ambas entidades actuarán como operadores técnicos, logísticos y financieros de los proyectos.
“Este convenio nos permite avanzar hacia soluciones estructurales que protejan la vida, restauren los ecosistemas y garanticen condiciones dignas para las comunidades mojaneras. Es un paso clave hacia un modelo de desarrollo más justo, resiliente y sostenible”, afirmó Carlos Carrillo.
Esta iniciativa no solo representa una respuesta concreta frente a los efectos del cambio climático, sino también un paso hacia un modelo de desarrollo sostenible que reconozca la vocación hídrica del territorio, respete los ecosistemas y priorice la seguridad de más de medio millón de colombianos que habitan en la subregión.
*Con información de UNGRD
