Una investigación publicada por la revista Semana reveló una presunta red de corrupción que habría operado en el entorno del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en la que estarían involucradas las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de ofrecer supuestas gestiones para facilitar la adjudicación de contratos públicos a cambio de millonarios pagos.
De acuerdo con la publicación, el esquema habría comenzado en 2024, cuando las dos mujeres establecieron contacto con empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, a quienes les habrían prometido contratos en entidades como los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, así como en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Colombia en Paz.
Chats, audios y consignaciones hacen parte de las pruebas
Según Semana, la investigación está soportada en conversaciones por chat, audios, facturas, tiquetes aéreos y comprobantes de consignación, que, de acuerdo con el medio, evidenciarían la entrega de dinero para obtener supuestas gestiones ante entidades del Estado.
La publicación señala que, para la época de los hechos, Juliana Guerrero había finalizado un contrato por $11 millones con el Ministerio del Interior y se perfilaba para ocupar el Viceministerio de Juventudes, mientras que Verónica Guerrero había culminado contratos por $19 millones con Colombia Compra Eficiente y por $11 millones con el Ministerio del Interior.
Los empresarios también afirmaron que las reuniones con las hermanas tenían un costo de $1 millón.
Presunto esquema para gestionar contratos
De acuerdo con el reportaje, Juliana Guerrero era quien, presuntamente, realizaba las gestiones para favorecer a los empresarios, cobrando $200 millones por cada operación, además de una comisión equivalente al 10 % del valor del contrato adjudicado.
Por su parte, Verónica Guerrero habría servido como enlace entre las partes, mientras que un tercer involucrado, identificado como David Trespalacios, de Barranquilla, supuestamente recibía parte de los recursos y apoyaba diferentes actividades logísticas.
Semana aclara que Trespalacios no aparece mencionado en el proceso que actualmente enfrenta Juliana Guerrero por el presunto uso de un título falso de contadora.
Promesas de contratos en varias entidades
La investigación recoge los testimonios de dos empresarios que aseguraron haber iniciado los pagos tras recibir promesas de proyectos relacionados con:
- Cámaras de seguridad a través del Ministerio del Interior.
- La construcción de un acueducto en un municipio del Cesar, mediante el Ministerio de Vivienda.
- Programas de mejoramiento de vivienda en varios municipios.
- Posteriormente, un acueducto en La Guajira y proyectos del Fondo Colombia en Paz.
Según el reportaje, las hermanas habrían asegurado que el proyecto del acueducto en el Cesar se tramitaría con el entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, quien dejó el cargo en octubre de 2025.
Como parte de las pruebas, Semana publicó tiquetes aéreos que mostrarían un viaje de Verónica Guerrero a Aguachica (Cesar) el 5 de diciembre de 2024, donde habría sostenido reuniones relacionadas con el proyecto.
Pagos por cerca de $600 millones
La publicación señala que, tras las promesas, comenzaron los desembolsos.
Inicialmente, David Trespalacios habría recibido parte de los recursos para evitar que las transferencias quedaran registradas en las cuentas de las hermanas Guerrero. Entre las pruebas figuran consignaciones por $13 millones a nombre de Trespalacios.
Posteriormente, los empresarios comenzaron a realizar pagos directamente a Juliana Guerrero. Uno de ellos le consignó $5 millones, mientras continuaban las conversaciones sobre los proyectos.
Según la investigación, entre diciembre de 2024 y enero de 2025 uno de los empresarios entregó $53 millones, distribuidos entre efectivo y consignaciones bancarias.
En total, los denunciantes aseguran haber entregado alrededor de $600 millones.
Las promesas no se concretaron
Con el paso de los meses, los empresarios comenzaron a reclamar porque los contratos prometidos no se materializaban.
No obstante, según los chats divulgados por Semana, las hermanas continuaban atribuyendo los retrasos a supuestos problemas presupuestales y administrativos, asegurando en distintas ocasiones que los proyectos «ya iban a salir» y pidiendo paciencia.
En algunas conversaciones también se hace referencia a reuniones con el denominado «jefe de jefes», expresión que, según los empresarios, aludía al presidente Gustavo Petro, aunque no se presenta evidencia de su participación en las presuntas gestiones.
La publicación también menciona conversaciones sobre posibles reuniones con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y con el diputado Jorge ‘Popo’ Barrios, así como referencias a procesos relacionados con la Agencia Nacional de Tierras.
Empresarios aseguran que fueron engañados
Al final, los empresarios afirmaron a Semana que nunca recibieron los contratos prometidos y que tampoco lograron recuperar el dinero entregado.
«Nos robaron y no quieren devolver la plata», manifestaron al medio.
Las denuncias han generado reacciones de distintos sectores políticos. Mientras avanzan las investigaciones, Juliana Guerrero negó haber participado en actividades irregulares, rechazó haber recibido comisiones o gestionado contratos y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas. El presidente Gustavo Petro, por su parte, pidió que los chats publicados sean entregados a la Fiscalía General de la Nación para que hagan parte de las investigaciones y sostuvo que también deben ser investigados los empresarios que, presuntamente, entregaron dinero con la expectativa de obtener contratos.