Para los defensores de los derechos humanos, el 2018 fue catalogado como uno de los años más sangrientos de la última década. Según el informe anual de la ONG ‘Programa Somos Defensores’, 155 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, además, tuvieron un incremento del 46,2% con respecto al año 2017.
Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), se reportó que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9 % contra mujeres y el 1 % contra miembros de la comunidad LGTBI.
De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y 7 ejercían cargos como dirigentes sindicales.
De la misma forma, 6 afrocolombianos fueron asesinados, 3 defensores de las víctimas del conflicto, 3 líderes educativos, 3 defensores de restitución de tierras, 2 defensores del medio ambiente, y 1 promotor de los derechos LGTBI.
Así mismo, el informe destaca que «este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia».
Por otra parte, el departamento del Cauca fue el que más tuvo asesinatos con 28 casos, seguido de Antioquia con 24, Norte de Santander con 15, Valle del Cauca con 14, y Caquetá con 10 casos respectivamente.
«Al igual que en años anteriores, son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2 %», resalta la información.
Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.
Los presuntos responsables de estos homicidios son totalmente desconocidos en el 73% de los casos, lo que equivale a 111 casos. En 16 casos (10%), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8%); otros 9 fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5%), y 7 por la fuerza pública (5%).
«Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios», detalló el informe.
El informe detalló que en el 2018 hubo agresiones hacia los líderes sociales: «amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos».
Eso supuso un crecimiento del 43,7 % con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en «el año con más ataques registrados por este sistema de información».
Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que «el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización» de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que «las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva».
También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de «reforma rural integral», es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que «la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones».
El número de agresiones fue de 805, mientras que 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, 6 robos de información, 4 detenciones y 4 desapariciones.
Las cifras divulgadas por ‘Somos Defensores’ son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.
