Rodrigo Londoño, conocido con el alias de ‘Timochenko’ cuando fue máximo comandante de las extintas FARC, salió de Colombia con destino a España, luego de recibir autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pese a que recientemente fue confirmada la sanción en su contra por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De acuerdo con Caracol Radio, Londoño fue invitado al ‘Seminario sobre trabajo entre Europa y la comunidad de países’, organizado por Izquierda Unida, motivo por el cual solicitó el permiso correspondiente ante la JEP.
La salida del exjefe guerrillero generó cuestionamientos desde sectores de la oposición. Congresistas del Centro Democrático calificaron el viaje como una supuesta «fuga» y expresaron dudas sobre su regreso al país.
El representante a la Cámara Andrés Cadavid aseguró que la autorización otorgada por la JEP genera preocupación, al recordar otros casos de exintegrantes de las FARC que abandonaron el proceso de paz.
«De igual manera dejaron volar a ‘Iván Márquez’ y a los peores cabecillas de las FARC con el beneplácito de esa institución que pagamos todos los colombianos. Ahora es ‘Timochenko’ que, sin comenzar el nuevo gobierno, aduce razones de presión política para huir del país. Seguramente la JEP guardará silencio de nuevo», afirmó el congresista.
Las críticas también fueron respaldadas por el representante Cristian Garcés, quien cuestionó la decisión de permitir el desplazamiento internacional del excomandante guerrillero.
Su defensa asegura que regresará a Colombia
Frente a los cuestionamientos, los abogados de Rodrigo Londoño manifestaron que el viaje tiene carácter temporal y aseguraron que el exdirigente de las FARC regresará a Colombia para cumplir con las obligaciones impuestas por la justicia transicional.
Según la defensa, Londoño deberá presentarse el próximo 14 de julio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP para certificar oficialmente su regreso al país.
La Jurisdicción Especial para la Paz le impuso una restricción efectiva de la libertad por ocho años, sanción que deberá cumplir mediante la ejecución de trabajos, obras y actividades con contenido restaurativo y reparador, como parte del proceso derivado de las investigaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.