La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático Tatiana Cabello Flórez Martínez a 12 años y un día de prisión por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo, al establecer que exigía a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entregar parte de sus salarios para permanecer en sus cargos.
La sentencia fija una pena de 144 meses y un día de prisión, además de una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días, así como el pago de una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
La Corte también negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria. En consecuencia, la orden de captura será emitida una vez la decisión quede en firme, para que la excongresista cumpla la condena en el centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Exigía parte del salario a integrantes de su UTL
De acuerdo con la investigación, Tatiana Cabello solicitó de manera periódica a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo la entrega de un porcentaje de sus salarios como condición para conservar sus empleos.
Según la Corte, la exparlamentaria habría contado con la participación de tres de sus colaboradores para ejecutar esta práctica.
«Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento», señala la sentencia.
El alto tribunal concluyó que la entonces congresista abusó de las funciones propias de su cargo para obtener un beneficio económico indebido, afectando la confianza de los ciudadanos en el Congreso de la República.
La providencia sostiene que su comportamiento «minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República, institución considerada como un baluarte de la democracia».
Compulsan copias para nuevas investigaciones
La decisión judicial también ordenó el pago de perjuicios a las cinco víctimas reconocidas dentro del proceso: Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.
Además, la Corte Suprema de Justicia dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la excongresista por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.