El candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó una acción de nulidad simple contra el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, expedido por los ministerios de Hacienda y Trabajo, con el que el Gobierno Nacional busca trasladar recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La demanda, radicada bajo el número 23758, incluye una solicitud de suspensión provisional inmediata del decreto, al considerar que su aplicación podría generar efectos irreversibles sobre los ahorros de millones de colombianos.
De La Espriella calificó la medida como un “zarpazo ilegal” por 25 billones de pesos, asegurando que el Ejecutivo pretende ordenar, en menos de 30 días, el traslado del 100 % de los capitales y rendimientos de afiliados, sin respetar los tiempos ni las garantías legales vigentes.
“No permitiremos que usen la plata de los trabajadores para su festín de corrupción y politiquería”, afirmó el aspirante presidencial al referirse a la decisión del Gobierno.
En el documento judicial se argumenta que el decreto contradice directamente el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 —reforma pensional—, que establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho pensional.
Asimismo, la demanda sostiene que el Gobierno habría incurrido en una extralimitación de su potestad reglamentaria, al intentar modificar el contenido de una ley mediante un acto administrativo, lo que vulneraría el principio de jerarquía normativa.
Otro de los puntos expuestos señala que el decreto podría desconocer el artículo 48 de la Constitución, que establece la destinación específica de los recursos de la seguridad social, impidiendo su uso por fuera de los parámetros legales.
El recurso también advierte posibles vicios de falsa motivación, al considerar que los argumentos fiscales y técnicos presentados por el Ejecutivo serían contradictorios con el diseño de la propia reforma pensional.
Como medida adicional, la acción judicial solicita que, en caso de haberse realizado traslados de recursos con base en el decreto, se ordenen mecanismos para restablecer el orden jurídico, incluida la eventual reversión de dichas operaciones.
Finalmente, De La Espriella sostuvo que la demanda busca proteger los ahorros pensionales de los colombianos y garantizar el respeto por el marco constitucional y legal que regula el sistema.
