El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay llegó al escenario internacional tras la protesta formal presentada por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El bufete, que representa a la familia del dirigente político, expresó su “rechazo absoluto” a las declaraciones del abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro, durante una intervención ante la CIDH.
Según la familia, Carranza sostuvo que el magnicidio de Uribe Turbay estaba rodeado de una “agenda política” y estaba siendo instrumentalizado para “crear narrativas en contra del Presidente”.
“Grave acto de desinformación y revictimización”
La firma calificó las declaraciones como un “grave acto de desinformación” y un ejemplo de revictimización, al tratarse de una familia que “ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana”.
“El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho”, señaló el comunicado de la firma.
Críticas a la UNP y al Gobierno Nacional
La representación judicial calificó como “inaceptable” que se intente desviar la atención de los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro, investigado por incremento injustificado de patrimonio e irregularidades contractuales, y rechazó las insinuaciones de que existan “narrativas” deliberadas contra el presidente Petro.
Además, la familia insistió en que las declaraciones de Carranza buscan encubrir posibles omisiones institucionales, especialmente aquellas relacionadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya actuación ha sido cuestionada por no garantizar la seguridad del senador asesinado.
Solicitud de medidas cautelares
Finalmente, la defensa pidió a la CIDH aplicar medidas cautelares a favor de la familia Uribe Turbay, argumentando que las afirmaciones del abogado Carranza representan un riesgo irreparable y una banalización del derecho internacional de los derechos humanos.
