El polémico contrato de cobro de impuestos de Santa Marta con una firma española –uno de los casos por los que ha sido cuestionado el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt– tiene un nuevo capítulo.
Ante denuncias de la firma afectada, Recaudos y Tributos S. A., la viceprocuradora Martha Castañeda delegó a uno de sus procuradores para que indague preliminarmente al exalcalde de esa ciudad Carlos Caicedo por haber liquidado unilateralmente ese negocio, que le dejó al contratista ingresos por más de 60.000 millones de pesos entre 2003 y 2015.
La decisión es polémica porque la Corte Constitucional le dio luz verde a esa decisión, al echar para atrás una sentencia proyectada por Pretelt y que le permitía a la firma española mantener el recaudo a pesar de que esa función, según fallos anteriores del mismo tribunal, no podía ser delegada a particulares.
La Corte consideró que la Alcaldía sí podía cancelar un contrato celebrado “contra expresa prohibición constitucional o legal, causal que se configura, por ejemplo, cuando claramente se delegan funciones de recaudo tributario a entes o personas particulares”.
Como se recuerda, la dilación de Pretelt para redactar el nuevo proyecto de sentencia le permitió a la firma mantener el negocio varios meses más, lo que le representó a la ciudad el pago de 20.000 millones de pesos.
