Un grupo de militantes de Colombia Humana – Atlántico, respaldó los pronunciamientos hechos por la Ministra de Ambiente del gobierno entrante, Susana Muhammad, en torno a la necesidad de poner un alto por parte del gobierno saliente a la licitación de la Alianza Público Privada para todo el proceso pertinente al proyecto “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”.
Consideran que se trata de un contrato de 3,25 billones de pesos “que el gobierno saliente quiere adjudicar a las carreras en su último minuto para dejar amarrado ese negocio con una empresa española sancionada”.
“Hay múltiples razones para detener ese sospechoso procedimiento que va a terminar comprometiendo a la Nación por 15 años en una obra que tiene diversos inconvenientes que no han sido solventados. La idea, en todo caso, no es suspender la licitación (lo cual podría conllevar a demandas) sino aplazarla, para que el nuevo gobierno pueda reconducir el proceso de acuerdo con la ley y a los intereses de la Nación y del Caribe colombiano, y no de particulares”, aseguran.
Dentro de las razones para aplazar el proceso señalan las siguientes:
1. El proyecto no tiene licencia ambiental ni se ha llegado a un acuerdo con las comunidades en la ecorregión. Este requisito viene siendo eludido de manera irregular, con trucos jurídicos y coimas, en otra muestra más del estilo Duque para burlar la ley. Se trata de una inmensa irresponsabilidad.
2. En vez de una libre competencia entre diversos oferentes aquí tenemos una única empresa licitante, la empresa Sacyr. Eso ya sería motivo suficiente para detener la licitación. Pero el asunto es más grave: Sacyr fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM) de España precisamente por cartelización, violando la libre competencia como está sucediendo en esta licitación. Además tiene antecedentes de incumplimientos y pleitos con Estados y en Colombia está siendo investigada por la Contraloría por el caso del “puente ondulado” (Hisgaura, Santander).
3. Hay sospecha de que la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez tiene intereses particulares relacionados con este proyecto.
4. Como dice el abogado Adil Meléndez este proyecto no se trata de una restauración ambiental sino de un negocio de construcción de una vía fluvial 5G que afectará a dos millones de personas y a una serie de invaluables ecosistemas.
