El Consejo de Estado ordenó al Presidente Gustavo Petro presentar disculpas públicas en un plazo de cinco días por haber llamado «victimarios» a los integrantes del sector político que convocaron una marcha contra el actual Gobierno en noviembre de 2024.
El accionante, Josías Fiesco Agudelo, argumentó que Petro había vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre y a la protesta.
Para el Consejo de Estado, frases de Petro como «los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país» o «los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra» fueron discriminatorios, estigmatizantes y desvalorizan las críticas de la oposición.
«Sus afirmaciones son discriminatorias, ya que con ellas se puede estigmatizar, excluir, invalidar y desvalorizar las críticas de la oposición. Su discurso no contribuye a la defensa de las garantías fundamentales de las personas. Por el contrario, limita el ejercicio del derecho fundamental a la protesta», indica el fallo.
Para el Consejo, esas expresiones de Petro no contribuyen a «deliberación política sobre asuntos de interés general» y endilgan una «injusta responsabilidad» de delitos de lesa humanidad a este grupo político.
