La Procuraduría General de la Nación revocó el fallo disciplinario que sancionaba a 18 concejales de Barranquilla por su participación en la designación de una personera distrital encargada en 2020.
La decisión de segunda instancia fue adoptada por la Sala disciplinaria, que resolvió los recursos de apelación presentados por las defensas contra el fallo emitido el 23 de enero de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.
En esa primera decisión, el organismo de control había declarado disciplinariamente responsables a los concejales Julio Álvarez Vega, Freddy Barón Orozco, Heidy María Barrera Vergara, Leyton Daniel Barrios Torres, Zamir Benavides Moreno, Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, Ernesto Crissien Barraza, Richard Fernández Barraza, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, María Henríquez Quintero, Samuel Elías Marino Angulo, Andrés Felipe Ortiz Hernández, Juan Carlos Ospino Acuña, Recer Lee Pérez Torres, Samir Eduardo Radi Chemas, Andrés Felipe Rengifo Lemus, José Francisco Trocha Gómez y Mauricio Javier Villafañez Jabba.
Como consecuencia, les había impuesto una suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por seis meses, mientras que para quien ejercía como presidente del Concejo el periodo de sanción se fijó en ocho meses.
Hechos que originaron la investigación
El proceso disciplinario se originó por la designación y posesión de Angélica María Ávila Goldfarb como personera distrital de Barranquilla encargada, realizada el 27 y 28 de febrero de 2020, respectivamente.
La designación se produjo tras la suspensión judicial del concurso para elegir al titular de la Personería, por lo que el Concejo procedió a nombrar a la entonces personera auxiliar para ocupar el cargo de manera temporal por tres meses.
La investigación se centró en determinar si la funcionaria cumplía con el requisito de contar con título de posgrado, exigido por el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 para ejercer el cargo.
La investigación disciplinaria se inició en julio de 2020 y culminó ahora con esta decisión de segunda instancia, mediante la cual la Procuraduría dejó sin efecto la sanción impuesta inicialmente contra los cabildantes.
