La Procuradora indicó que «esa particular forma de pensar, en que no debe existir un órgano de control, solo puede tener sentido en regímenes totalitaristas o absolutistas, y Colombia es una democracia. Colombia es un estado de derecho y al mismo tiempo es un estado social».
«No puede seguir pasando que cada vez que aparezca una decisión de sanción frente a algunos servidores públicos, incluso electos popularmente, o alguna decisión de servidores públicos electos popularmente que sea digna de ser investigada, de forma automática e irreflexiva, descalifiquen a quienes legal y constitucionalmente tenemos el deber de ejercer dicha función bajo el criterio de que se está realizando persecución política», añadió.
Y fue más allá al señalar que «no deja de ser contradictorio que varios de los que ahora cuestionan la visionalidad de los órganos de control, hayan sido los mismos que cuando les conviene y les interesa, y eso ya está ocurriendo, en varias oportunidades, acuden a la Procuraduría General de la Nación a interponer denuncias y quejas similares a cuando los protagonistas eran ellos y decían que había sesgos y participación con intereses políticos».
Añadió que «existe en el país un déficit de coherencia o de pronto carencia de valores y ausencia de respeto frente a la sociedad que creen que no se da cuenta de lo que está ocurriendo cuando de manera irresponsable e irreflexiva se entra a descalificar a quienes simplemente están cumpliendo su misión de carácter constitucional».
Tras la sentencia C- 030 de 2023, de la Corte Constitucional, que respalda la función disciplinaria de la Procuraduría, la jefe del Ministerio Público elogió desde Barranquilla ese concepto, principalmente en el momento coyuntural por las elecciones en octubre próximo.
Opinó finalmente que tras esa sentencia «en Colombia sigue vigente el derecho disciplinario”.
Jorge Castro Avendaño
