La secretaria departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, aseguró que, a pesar de las inversiones por 1,3 billones de pesos destinadas a mejorar el servicio de acueducto en los corregimientos del Atlántico, el agua no está llegando de manera equitativa a la población debido a prácticas ilegales.
Según explicó la funcionaria en Emisora Atlántico, el recurso hídrico se estaría quedando en manos de terratenientes, finqueros y en urbanizaciones ilegales, lo que limita el acceso de las comunidades que dependen del suministro formal.
Ospina advirtió que el robo de agua es una problemática extendida en todo el departamento, afectando directamente a los usuarios y al funcionamiento del sistema de acueducto.
“Robar agua es un delito que da cárcel y establece multas”, enfatizó la secretaria, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para reforzar los controles.
En ese sentido, solicitó a la Fiscalía General de la Nación aplicar medidas más severas, como la extinción de dominio a los predios donde se confirme el hurto de agua, con el fin de frenar estas prácticas ilegales y garantizar una distribución justa del recurso en el Atlántico.
