La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció este martes sobre la convocatoria a la consulta popular vía decreto, el cual llegó al despacho del Registrador Hernán Penagos desde el pasado viernes.
En rueda de prensa, Penagos aseguró que la situación se plantea como «un problema jurídico de talla mayor», por lo que decidió «dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular».
Agregó que solicitará al Consejo de Estado un concepto para poder tomar una decisión sobre el ‘decretazo’ del Presidente Gustavo Petro.
Recordemos, que el Gobierno solicitó el pasado viernes a la Registraduría convocar a los colombianos a las urnas, para que estos decidan sobre las 12 preguntas que están relacionadas con la reforma laboral, luego que el Senado de la República negara el 14 de mayo ese mecanismo.
Penagos aseguró que el país está ante un «problema jurídico», pues los conceptos entre Gobierno y el Congreso son contrarios.
«Es clara y evidente la controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo sin precedentes recientes», por lo que consideró necesario que sea la justicia quien tenga la última palabra.
El Registrador también advirtió que independiente de la controversia jurídica en la que está envuelta la consulta popular, convocar a una jornada de votación como esta «requiere de una amplia logística y un trabajo de meses».
«No es posible una consulta popular en 53 días, es un tiempo insuficiente para convocar a una consulta de este nivel. Son 42 millones de personas las que podrían participar de una consulta. No podemos tener una logística que ni siquiera podamos nosotros garantizar. Aquí lo correcto es esperar decisiones de los jueces», aseveró.
Explicó, que la Registraduría necesitaría «al menos tres meses si queremos sacar una consulta impecablemente».
El costo de convocar una consulta popular, le implicaría al país invertir más de 750 mil millones de pesos.
Hernán Penagos resaltó que, «no solo está en juego una consulta popular, está en juego el orden institucional».
«Este Registrador está actuando en respeto a la Constitución y la ley. Está actuando de manera prudente, entendiendo la circunstancia tan compleja que vive hoy el país. No se trata, simplemente, de la convocatoria a una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes. También de una controversia jurídica que puede generar dificultades jurídicas muy complejas. Aquí, lo prudente, es esperar una decisión de las altas Cortes», reiteró el funcionario.
