En una elección polémica y reñida, Carlos Camargo fue elegido Magistrado de la Corte Constitucional por un periodo de ocho años, en reemplazo de José Fernando Reyes.
Obtuvo un total de 62 votos a favor, mientras que María Patricia Balanta consiguió 41 sufragios.
Camargo, oriundo de Cereté, Córdoba, es abogado con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, donde también fue profesor.
Ganó mayor reconocimiento por ejercer como Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024, pero también fue director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, magistrado del Consejo Nacional Electoral y secretario general de la Registraduría.
Fue una elección que desde hace varios días generó polémica en el país, puesto que por un lado estaba el Gobierno impulsando a Balanta y por el otro estaba la oposición respaldando a Camargo.
Esta polémica creció cuando el Presidente Gustavo Petro dijo que «la elección del o la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado al fascismo».
La manifestación del mandatario creó una ola de repercusiones, como fue la de María Fernanda Cabal: «Petro no ha dejado de ser lo que alguna vez fue. Un personaje oscuro que sin tener capacidad de construir argumentos amenaza a los demás. Viola la separación de poderes mientras habla de un fascismo que más parece la descripción de su propia conducta».
Al considerar que había «mucha presión», el presidente del Senado, Lidio García, tomó la decisión de no permitir el ingreso a la sala de los ministros, asesores y periodistas.
No obstante, sí hubo una polémica y fue si los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda podían votar.
El pasado martes el CNE emitió un Auto que les levantó provisionalmente la sanción, pero este miércoles el consejo expidió otro donde mantenía la sanción a Castañeda, quien afirmó que podía ejercer su derecho al voto porque había impugnado la decisión.
Esta situación causó un cruce de palabras, sobre todo por parte de los senadores de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa y Carlos Abraham Jiménez, quienes pedían mantener la sanción a Ortega y Castañeda por haber apoyado políticas del Gobierno, pese a estar en un partido de oposición.
