El equipo interventor de la Nueva EPS manifestó su gran preocupación tras conocerse un nuevo embargo judicial por $422.466 millones, decretado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) el pasado 10 de octubre, en el marco de un proceso ejecutivo contra la entidad.
Juzgado de Florencia concentra la mayoría de embargos
De acuerdo con la información oficial, este despacho judicial concentra el 45,9 % de las demandas ejecutivas en contra de la Nueva EPS y se ha convertido en el tribunal que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional contra la entidad.
Entre las instituciones prestadoras de salud (IPS) con mayor número de procesos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y la Fundación Cardio Infantil.
Interventora alerta sobre afectación al servicio y al derecho a la salud
La agente interventora de la Nueva EPS expresó su inquietud ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), el Ministerio de Salud y la ADRES, señalando que los embargos sobre recursos destinados a la atención médica afectan directamente la prestación de servicios de salud para los más de 11 millones de afiliados de la entidad en todo el país.“
Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son fundamentales para garantizar los servicios de salud. Tienen naturaleza parafiscal y son inembargables, según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Esta medida judicial vulnera el orden jurídico y pone en riesgo el derecho fundamental a la salud”, advirtió la interventora Dra. Polanía.
Procuraduría ya había alertado sobre este tipo de decisiones
La Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 014 de 2018, recordó a los jueces del país que no pueden embargar los recursos de la UPC, al tratarse de fondos públicos protegidos por la Constitución.
La Nueva EPS señaló que este tipo de decisiones buscan acelerar procesos administrativos sin agotar los mecanismos de conciliación, lo que afecta la sostenibilidad del sistema de salud y pone en riesgo la atención médica de millones de colombianos.
Llamado a proteger la estabilidad del sistema
Finalmente, la entidad hizo un llamado a los actores judiciales y administrativos a considerar las implicaciones legales y sociales de sus decisiones.
“Es necesario garantizar la transparencia y sostenibilidad del sistema de salud, respetando los principios constitucionales y protegiendo el patrimonio público”, indicó la Nueva EPS en un comunicado.
