La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay constituye una seria amenaza a la democracia colombiana. Uribe, quien se recupera en estado crítico pero estable en una clínica de Bogotá, fue baleado el pasado sábado durante un acto político en el barrio Modelia, en la capital del país.
«Lo ocurrido con Miguel Uribe nos remite a los momentos más oscuros de la violencia política en Colombia», expresó en un comunicado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
El congresista de 39 años, perteneciente al partido Centro Democrático, recibió disparos en la cabeza y una pierna, y fue intervenido quirúrgicamente en la Fundación Santa Fe horas después del ataque.
Tras el atentado, un adolescente de 15 años fue aprehendido en el lugar de los hechos como presunto responsable. Las autoridades le incautaron un arma de fuego y continúan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y quiénes estarían detrás.
En su pronunciamiento, HRW instó al Estado colombiano a esclarecer el atentado y sancionar a todos los responsables, subrayando la necesidad de proteger tanto al capturado como a su entorno familiar.
«Es urgente que las autoridades actúen para evitar nuevas expresiones de violencia política y que se garantice la seguridad de quienes aspiran a cargos de elección popular», añadió la organización.
Riesgo electoral en un contexto violento
Con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, HRW alertó sobre el contexto de inseguridad en el que se celebrarán dichos comicios. La organización destacó el fortalecimiento de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país como un factor que agrava el panorama.
La ONG también reveló cifras preocupantes: desde 2016, año de la firma del acuerdo de paz con las FARC, los homicidios se han incrementado en un 20,9 % y los secuestros han crecido un 34,8 %.
HRW recordó que Colombia ha vivido etapas marcadas por el asesinato de líderes políticos. En la campaña presidencial de 1990, por ejemplo, fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. Asimismo, mencionaron el caso de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, quien fue secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1990 y murió en 1991 durante una fallida operación de rescate.
Ante este panorama, HRW hizo un llamado a revisar los esquemas de seguridad de todos los aspirantes presidenciales y reforzar los mecanismos de protección en función del nivel de riesgo.
Finalmente, Goebertus señaló que el país necesita una campaña electoral libre de intimidaciones y lenguaje violento, y que es responsabilidad del Gobierno —incluido el presidente Gustavo Petro—, de los partidos y los candidatos, evitar los discursos de odio que alimentan la polarización.
«Solo si los candidatos pueden hacer campaña sin temor y sin violencia, podrá decirse que la democracia en Colombia está protegida», concluyó
