Luchar contra el flagelo de la impunidad y redoblar esfuerzos para combatir la corrupción, anunció este lunes el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, luego de posesionarse del alto cargo ante el Presidente Juan Manuel Santos.
En el acto cumplido en la Casa de Nariño, el jefe del ente acusador aseguró que bajo su administración esa entidad trabajará en favor de la gente y por la consecución de la paz.
“Vamos a quebrarle el espinazo a la impunidad (…) necesitamos una política criminal eficaz”, indicó el Fiscal General de la Nación.
Al resaltar la importancia de ese propósito, Martínez Neira lamentó que hoy Colombia ocupe en el mundo el deshonroso tercer lugar en materia de impunidad.
“El Índice Global de Impunidad del 2015 nos ubica en el deshonroso tercer lugar mundial de impunidad, después de Filipinas y México”, expresó.
En ese orden de ideas puso como ejemplo, que según las estadísticas del año anterior el sistema penal produjo 51 mil sentencias condenatorias, que apenas equivalen al 6 por ciento de las noticias criminales efectivas registradas en la Fiscalía.
Sostuvo que “el Estado tiene que asegurar que la industria del delito no es rentable. Y ello no se logra cuando los delincuentes de todos los pelambres se desenvuelven a sus anchas, porque saben a ciencia cierta que la probabilidad de castigo es muy remota”.
También se refirió a la denominada criminalidad oculta que en el país asciende al 76 por ciento, lo que significa que los colombianos únicamente denuncian 24 de cada 100 delitos.
El Fiscal General calificó de “incoherente” el actual sistema penal, al señalar que allí “conviven escuelas que envían mensajes equívocos y que propugnan al mismo tiempo por la excarcelación de los delincuentes y por el aumento de penas”.
Así mismo, aseguró que durante su periodo se derribarán las barreras entre la Fiscalía y el ciudadano de a pie.
“Vamos a derribar el muro existente entre la Fiscalía y los ciudadanos. La mitad de las víctimas, según la encuesta del Dane y la de la Cámara de Comercio de Bogotá, no acuden a denunciar, no por falta de fe en la justicia, sino porque esa denuncia es ‘complicada’ y ‘demorada’”, reveló.
“Esta será la Fiscalía de la gente y para la gente”, insistió.
Anunció además una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y un trabajo conjunto con alcaldes y gobernadores para enfrentar dicha problemática.
“La extorsión, el hurto callejero, el fleteo, no pueden campear en nuestras ciudades y veredas. De la mano de los alcaldes y gobernadores, vamos a poner todas nuestras capacidades para vencer la inseguridad ciudadana. Le meta consiste en intervenir 500 municipios en los próximos dos años”, explicó.
Lucha anticorrupción
Martínez Neira fijó también una hoja de ruta para la lucha contra la corrupción.
“La corrupción está socavando los cimientos de nuestra institucionalidad”, consideró y entregó las cifras de condenas relativas a ese delito.
“La Fiscalía tiene que redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción (…). En la Fiscalía recibimos 56 mil denuncias de corrupción, en los últimos cinco años, y exclusivamente hemos alcanzado algo así como 1.600 condenas. Apenas el dos por ciento de las denuncias”, subrayó.
En esa medida, el Fiscal Martínez Neira afirmó que es necesario que los responsables de ese delito sean objeto de penas privativas de la libertad.
“La lucha contra la corrupción necesita que los responsables de este oprobioso delito sean objeto de pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario por un término condigno al daño causado”, aseveró.
Al término de su intervención, el Fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que el ente acusador trabajará en favor de la paz y vigilará que los desmovilizados honren el principio de la no repetición.
“Esta será la Fiscalía de la institucionalidad y la paz. Con toda nuestra determinación velaremos por la integridad de quienes se sometan a nuestro orden constitucional. Y con la misma determinación, cuidaremos que los desmovilizados honren el principio de no repetición. La Fiscalía tiene en el posconflicto el deber constitucional de reprimir cualquier comportamiento delictuoso”, puntualizó.
